La dirección superior del Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional está a cargo de un Consejo Directivo compuesto por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República, previo acuerdo el Senado. Sus miembros son expertos de reconocido prestigio profesional y académico en materias financieras y previsionales.
Los actuales consejeros durarán en sus cargos entre 3 y 6 años según el periodo definido en el decreto respectivo, y serán renovados por parcialidades. El Presidente del Consejo fue designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo, por un periodo de tres años. La Vicepresidenta, por su parte, fue elegida por los miembros del Consejo y subrogará al Presidente en caso de que este último se ausente o esté temporalmente imposibilitado de ejercer sus funciones.
Le corresponderán especialmente al Consejo las funciones establecidas en el artículo 44 de la Ley N° 21.735, y cualesquiera otra de conformidad con la regulación vigente.
El funcionamiento del Consejo se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, probidad, responsabilidad y sustentabilidad financiera y por su Normativa Interna de Funcionamiento del Consejo.
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Corresponderá al Consejo Directivo, según el artículo 44 de la Ley N° 21.735:
- Aprobar la normativa interna de funcionamiento y aspectos básicos de la organización, personal y funcionamiento del Administrador del Fondo, para el cumplimiento eficaz y eficiente de todas las obligaciones encomendadas por ésta u otras leyes.
- Aprobar la política de inversiones y la política de solución de conflictos de intereses para el Fondo Autónomo de Protección Previsional con sujeción a lo dispuesto en la ley y en el Régimen de Inversión. La política de inversiones deberá pronunciarse expresamente respecto de las inversiones en las entidades públicas.
- Podrá determinar, por los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio, en la oportunidad y condiciones que señala este artículo, la modificación a los parámetros del beneficio por años cotizados, para la disminución de dicho beneficio en tanto éstas se aplique a los nuevos beneficiarios que comiencen a acceder a dicho beneficio con posterioridad a la referida modificación. Ello, de conformidad a la sustentabilidad del Fondo. El ejercicio de esta atribución deberá fundarse exclusivamente en la sustentabilidad de largo plazo del Fondo, considerando un término de, a lo menos, setenta y cinco años. Lo anterior, conforme a los resultados de los correspondientes estudios actuariales; los compromisos futuros de pago de obligaciones del Fondo; los ingresos esperados por cotizaciones y los retornos financieros de la gestión de inversiones de dicho Fondo. Para estos efectos, los referidos estudios deberán considerar las modificaciones a los parámetros del beneficio propuestas. En la determinación de las modificaciones de los parámetros del beneficio por años cotizados, el Consejo deberá asegurar el cumplimiento del principio de justicia intergeneracional. Para estos efectos, se entenderá que la modificación de los parámetros del beneficio da cumplimiento al referido principio si el cambio de éstos tiene una probabilidad inferior a un 5% de requerir un nuevo ajuste en el beneficio hacia el futuro durante todo el periodo evaluado en el estudio.
- Velar por la sustentabilidad financiera del Fondo Autónomo de Protección Previsional a lo largo de generaciones.
- Aprobar la elaboración de los estudios técnicos y actuariales para el Fondo Autónomo de Protección Previsional.
- Aprobar las bases de licitación relativa a la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional.
- Aprobar la memoria anual del administrador del Fondo.
- Aprobar los estados financieros auditados del Fondo Autónomo de Protección Previsional.
- Aprobar antes del 30 de noviembre de cada año el presupuesto para el año siguiente y los ajustes al plan de negocios trianual del organismo administrador, así como sus modificaciones posteriores, y supervisar su cumplimiento. El plan de negocios trianual deberá fijar, a lo menos, las metas y objetivos del Fondo Autónomo de Protección Previsional y las estrategias de administración, financiamiento e inversión del referido Fondo, así como también la política de gobernanza.
- Evaluar el desempeño del Fondo Autónomo de Protección Previsional, con base en indicadores de referencia claros, objetivos y que reflejen las políticas de inversión.
- Evaluar permanentemente los riesgos de sustentabilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional, y emitir un informe anual fundado que será enviado al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a la Superintendencia de Pensiones y a las Comisiones Permanentes de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda del Senado, y de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda de la Cámara de Diputados.
- Aprobar el nombramiento de las o los profesionales a cargo de la revisión externa del estudio actuarial. Además, deberá garantizar a dichos profesionales el acceso completo y oportuno de los antecedentes que requiera para tal fin, sin perjuicio del deber de éstos de mantener reserva respecto de aquellos que no tengan el carácter de públicos.
- Aprobar el nombramiento de la o el auditor interno y removerlo.
- Dictar y modificar las normas necesarias para su funcionamiento interno.
- Resolver acerca de la suscripción de convenios.
- Aprobar, dentro del primer cuatrimestre de cada año, la cuenta pública anual que elabore la Dirección Ejecutiva, la que detallará el trabajo efectuado por el ente administrador en el año inmediatamente anterior, incluyendo, entre otras materias, un reporte de aquellas a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 31, el nivel de cumplimiento de los objetivos impuestos y los indicadores de desempeño utilizados, así como los desafíos y metas para el año siguiente. La cuenta pública anual también deberá informar del estudio actuarial, cuando corresponda.
- Las demás funciones y atribuciones que le confiera la ley.