Con el objetivo de mejorar las pensiones de los chilenos, se aprobó a inicios de este año una Reforma Previsional que creó una nueva institucionalidad orientada a ese fin. El Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional nace como parte del pilar contributivo, con el mandato de gestionar un fondo diseñado para financiar beneficios complementarios a quienes ya estén pensionados o lo hagan en los próximos años en el sistema de ahorro individual. Una parte sustancial de este mandato es velar por las inversiones y la sostenibilidad de largo plazo del Fondo.
En estos inicios, y de manera de cumplir a cabalidad su misión dentro del nuevo Sistema de Pensiones, es clave entenderlo como una institución pública descentralizada, de carácter técnico y autónoma. Para esto, la gobernanza de esta nueva institucionalidad es robusta. El Consejo Directivo, encargado de la administración superior y estratégica, sigue un modelo similar al del Consejo del Banco Central. El jefe del servicio es el director ejecutivo, quien designa a los equipos internos, garantizando un perfil estrictamente técnico. A su vez, los estándares de transparencia y rendición de cuentas se ubican entre los más altos dentro de la administración pública.
Dado que el Sistema de Pensiones vive una transformación en su institucionalidad, es clave transmitir que el Fondo ha sido dispuesto para complementar y mejorar el sistema existente, y no para sustituirlo ni transformarlo. En ese sentido, los desafíos por delante son numerosos y exigentes.
Uno de los más importantes es que el Fondo Autónomo se relacionará con una base de usuarios muy amplia. Mensualmente recibirá cotizaciones reembolsables —incluidos intereses y reajustes— de aproximadamente 6 millones de personas, financiará compensaciones por diferencia en expectativa de vida a un universo estimado de 750 mil mujeres y pagará un beneficio por años cotizados a un grupo de alrededor de 1 millón de pensionados, hombres y mujeres.
Aun cuando llevamos poco tiempo de funcionamiento, ya contamos con cifras relevantes y nos preparamos para iniciar el pago de los primeros beneficios del Seguro Social Previsional desde enero del próximo año. En los tres primeros meses, las cotizaciones recaudadas ya totalizan US$ 231 millones, en línea con las proyecciones realizadas al inicio de la instalación del Fondo. Para esto, ha sido muy importante la coordinación y el apoyo prestados por el Instituto de Previsión Social (IPS) y por la Tesorería General de la República (TGR) en esta etapa inicial.
Con todo, los esfuerzos han estado en concretar la instalación en un plazo breve, menor al que toma, por ejemplo, la puesta en marcha de un nuevo banco, o una nueva institución pública, que puede demorar de 1 a 2 años. Esto implica: emitir los bonos definidos por la ley en respaldo de las cotizaciones reembolsables (con rentabilidad en UF e interés equivalente a bono del Tesoro, custodiados por el Depósito Central de Valores, respaldados por el activo del Fondo y con garantía del Estado), lo que significa una alta volumetría y complejidad operativa.
A lo anterior se suma preparar la licitación para la gestión de las inversiones, que estará a cargo de agentes privados, y evaluar la sostenibilidad del Fondo en un horizonte de 75 años, considerando el potencial impacto del seguro de invalidez y sobrevivencia, entre otros aspectos.
Sin embargo, el principal desafío de corto plazo es responder satisfactoriamente a las expectativas de los pensionados y brindarles el servicio que merecen. Y tanto el Consejo Directivo como todo el equipo del Fondo estamos enfocados en cumplir con ese propósito.
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